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La Implementación de la Plataforma de Acción de Beijing: un enfoque sustentado en los derechos humanos

Recomendaciones: La Violencia Contra las Mujeres & Las Mujeres y la Economía

febrero 2000

INTRODUCCIÓN

La evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing a los cinco años (B + 5) representa una oportunidad importante para avanzar la implementación de l Plataforma y la promoción de los derechos humanos de las mujeres. A lo largo de los 90, las activistas de derechos humanos lograron el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Hoy en día, los conceptos de la protección y la promoción de los derechos humanos de las mujeres han sido ampliamente incorporados en las declaraciones de los gobiernos y las organizaciones inter-gubernamentales. Sin embargo, la realidad queda atrás de la retórica. Las acciones concertadas y la asignación de los recursos necesarios para efectivamente reducir, y ultimamente poner fin a las violaciones de derechos humanos de las mujeres no han sido comprometidos.

El proceso de evaluación debería confirmar que la Plataforma de Acción de Beijing es un documento que tiene sus fundamentos en los derechos humanos. La Plataforma representa una de las expresiones más comprensivas de los compromisos de los gobiernos con los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Tiene su base en el entendimiento de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Sus propuestas detalladas sirven para dar forma concreta a los derechos humanos de las mujeres en todas las doce esferas de especial preocupación. Visto en conjunto con los convenios de los derechos humanos ­ La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), entre otros ­ y los documentos de las otras conferencias de la ONU de los 90 ­ la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, la Cumbre Mundial para los Niños, la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Habitaciones Humanas y la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo ­ nos proporciona una visión y unas estrategias para la nueva década.

La evaluación Beijing + 5 no tiene que ver con los conceptos abstractos. Las leyes discriminatorias y las otras violaciones de los derechos humanos de las mujeres afectan las vidas y son causa de muerte de mujeres y niñas todos los días. Es esencial aprovechar de la evaluación para buscar maneras de accelerar la implementación de la Plataforma así como maneras de medir el progreso hacia las metas declaradas. En la Plataforma de Acción, está anotada que "Los derechos humanos de la mujer, tal como han sido definidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos, solo serán letra muerta si no se reconocen plenamente y se protegen, aplican, realizan y hacen cumplir efectivamente, tanto en el derecho como en la práctica. nacional, en los códigos de familia, civiles, penales, laborales y comerciales y en las reglamentaciones administrativas." (párafo 218).

En este año 2000, hay que enfrentar el reto de buscar cómo aprovechar de la evaluación para convencerles a los gobiernos de tomar pasos más concretos para avanzar los derechos humanos de las mujeres. Un enfoque feminista con base en los derechos humanos podría ser útil para el proceso. En un análisis feminista, las mujeres -- en toda su diversidad -- están colocadas en el centro de la agenda y todas las políticas, prácticas y acciones están evaluadas por sus efectos, reales o posibles, en las vidas de las mujeres, tomando en cuenta las múltiples encrucijadas de raza, clase, edad, etnicidad, orientación sexual, afiliación religiosa, acceso a ingresos y tipos de habilidades físicas y mentales.

Dos de los aspectos más importantes de un enfoque con base en los derechos humanos son la estandarización y la responsabilidad. Los convenios de los derechos humanos aportan una perspectiva ética y proponen estándares comunes para todos los pueblos y todas las naciones que sirven para medir y promover el respeto para los derechos y las liberatades de todos. La responsabilidad significa que, no es simplemente una buena idea, sino que un deber de los gobiernos, de las Naciones Unidas y de las otras agrupaciones inter-gubernamentales, hacer máximos esfuerzos para implementar los compromisos que han hecho hacia los derechos humanos. Dado que los gobiernos tienen la responsabilidad de implementar los estándares de derechos humanos, es necesario que ellos mismos se los cumplan y que los implementen con relación a otros: el sector privado ­ que incluye las emprezas transnacionales y otras entidades por los cuales los gobiernos tienen la responsabilidad regulatoria ­ y los individuos, sobre cuya conducta tienen la responsabilidad jurídica.

Se puede medir la implementación más eficazmente si existen metas claras a nivel nacional, regional e internacional. Aunque la Plataforma de Acción de Beijing es resulta de una de las conferencias mundiales más visionarias de los 90, a diferencia con los documentos de otras conferencias, casi no expresa metas especificas ni puntos de referencia para medir el progreso. Ya es hora de fijar metas claras así como calendarizaciones e indicadores que puedan servir para medir el progreso.

Para alcanzar las metas en cuanto a la implementación de la Plataforma de Beijing, un elemento esencial es la asignación de recursos adecuados. Aunque pueda ser difícil para muchos gobiernos, es necesario encontrar maneras creativas de reasignar los recursos existentes además de estrategias para generar nuevos recursos. Algunas posibles estrategias podrían ser las siguientes: evaluar los presupuestos con el fin de asegurar de que todos los programas sean sensibles al género; emplear los recursos existentes para que reflejen las prioridades sensibles al género; y asegurar que los recursos lleguen a las mujeres de base. Una falta de voluntad para tratar el problema de los recursos es muestra de falta de voluntad política para trabajar hacia la igualdad de género y la promoción de los derechos humanos de las mujeres.

Una expresión mínima de la voluntad política es la promulgación y la implementación de legislación que ilegaliza toda violación de los derechos humanos de las mujeres, en conjunto con la revocación de todas las leyes discriminatorias en los códigos nacionales. Otra expresión de la voluntad política es la colección de información y estadísticas desagregadas por género y que toma en cuenta el trabajo investigativo de los grupos de mujeres de base. Tal información se puede utilizar para la formulación de politícas eficaces así como la estipulación de puntos de referencia e indicadores de progreso.

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: RECOMENDACIONES

En el Plan de Acción de Viena de la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos y en la Plataforma de Acción de Beijing, la violencia contra las mujeres está reconocida como una violación fundamental de los derechos humanos. Así es que los gobiernos han reconocido que trabajar para su eliminación en todas las esferas de la vida es su deber. La violencia frecuentemente representa un obstáculo a la realización de los derechos humanos de la mujeres y las niñas en todas las demás areas de la Plataforma. Sin embargo, aunque existe el acuerdo de que es necesario terminar con la violencia contra las mujeres, en realidad ha habido poco progreso. En algunos casos, la legislación nacional no está conforme con la seriedad del delito. En la mayoría de casos, no se ha sido asignado los recursos adecuados para atacar el problema.

La Plataforma de Beijing expone varios de los pasos specíficos que los gobiernos tienen que tomar para acabar con la violencia contra las mujeres en la familia, en la comunidad, y por parte del Estado. Además, los esfuerzos para poner fin a la violencia tienen que ser interrelacionados con las otras areas de la Plataforma ya que la situación económica, política y social de una mujer, en conjunto con factores como su raza, clase, edad, orientación sexual, etnicidad, religión, habilidades fisicas y mentales, y su estatus de refugiada, migrante o prisionera puedan afectar su experiencia con la violencia y su capacidad de escaparla.

Para terminar con la violencia contra las mujeres es necesario tomar acciones en muchas esferas. Es escencial que los servicios sean comprensivos, facilmente accesibles y responsivos a todas las mujeres en sus diversos ámbitos. Las estrategias de la educación y la prevención representan la única esperanza para cambio en el futuro. Es necesario tomar acciones en las areas de la legislación/la penalización, la designación de recursos y la coleccion de datos/investigación.

La legislación sirve como un estándar mínimo de compromiso de parte de un gobierno para actuar en contra el delito. Sin embargo, aunque un número de gobiernos han adoptado legislación contra la violencia contra las mujeres, el factor crucial es la implementación, y esta, lamentablemente, queda atrás. Además, ya que toda persona es igual ante la ley, todas las formas de violencia contra las mujeres deberían ser debidmente prosesadas, incluso los delitos cometidos por parte de las parejas y los familiares.

Es difícil establecer referencias para medir progreso hacia la meta de disminuir y eliminar la violencia contra las mujeres porque los datos sobre la incidencia y la naturaleza de las distintas formas de violencia son aún muy básicos, parciales e inconsistentes y no conforman con estándares y referencias uniformes. Los datos exactos son una herramienta fundamental para la formulación de políticas eficaces y en designación de recursos. Por estas razones, es necesario lograr una mayor colaboración a nivel nacional e internacional para resolver el problema. Las Naciones Unidas deben de establecer una base de datos sobre la violencia contra las mujeres que sea facilmente accesible y de carácter internacional.

Para acabar con la violencia contra las mujeres, es necesario tener los recursos adecuados. Los gobiernos deben de proporcionar fondos para los servicios directos para las sobrevivientes de violencia. También deben de financiar la capacitación en la violencia con base en género para la judicatura, la policia, y l@s trabajador@s de la salud, la educación y la migración.

LAS MUJERES Y LA ECONOMÍA: RECOMENDACIONES

El trabajo de las mujeres, tanto pagado como no pagado, en el hogar, en la comunidad y en los centros de trabajo, es central al buen funcionamiento de las sociedades y las economías. En todas las regiones del mundo, las mujeres están aumentando su presencia en la fuerza de trabajo. La manipulación estratégica del trabajo flexible de las mujeres está siendo utilizada para maximizar la competitividad económica y para aumentar las ganancias de las emprezas. La calidad, la remuneración, y la seguridad de los trabajos de las mujeres es una preocupación importante.

Si los gobiernos piensan en cumplir con sus compromisos con los derechos económicos y el empoderamiento económico de las mujeres, es necesario que reconozcan el aporte de las mujeres y los impactos específicos y desiguales que les están afectando como resultado de las politícas económicas. Los gobiernos y las Naciones Unidas deben de tomar acciones concretas para asegurar los derechos económicos de las mujeres y la plena realización de la dignidad humana.

Los gobiernos deben de evaluar las tendencias con respecto al empleo con el fin de identificar las areas de crecimiento en cuanto al empleo femenino (especialmente el trabajo de tiempo parcial, temporal, de domicilio, etc.) así como las estructuras existentes para la protección social (la compensación para el desempleo, la salud, las pensiones) para determinar si las mujeres están recibiendo la protección igual y adecuada. Los gobiernos deben de tomar pasos para corregir las deficiencias en la protección social.

Los gobiernos, en consulta con las organizaciones de mujeres, deben fijar metas para erradicar la pobreza. Estas medidas deben de incluir fechas metas para incrementos en los salarios mínimos y los programas de asistencia pública, para asegurar que los salarios y los subsidios sean suficientes para una vida digna.

Los gobiernos deben de prohibir juridicamente el trato discriminatorio hacia las mujeres en cuanto a los despidos con el fin de disminuir la fuerza de trabajo de una empreza, la cierra de fábricas, las actividades de las emprezas multinacionales, etc. Las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) deben de tomar el liderazgo en abrir un diálogo internacional entre el sector privado, los gobiernos y la sociedad civil, y especialmente las organizaciones de mujeres trabajadoras con el fin de acabar con la competividad del salario más bajo y para promover la aceptación de y el cumplimiento con la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales deben de respetar los relevantes convenios e instrumentos internacionales para la promoción y la protección de la igualdad de género.

Los gobiernos deben de asesorar a las organizaciones de mujeres de su derecho de utilizar el Protocolo Opcional de la CEDAW para gestionar reparaciones por los impactos discriminatorios de las políticas de las corporaciones, como, por ejemplo, la disminución de la fuerza de trabajo, la cierra de fábricas y la contratación de trabajo de otras fuentes más baratas en los casos en que tales prácticas afectan principalmente a la fuerza de trabajo femenina.

Los gobiernos nacionales deben de organizar consultas con las mujeres menos priviligiadas ­ las mujeres pobres, las mujeres de base, las que dependen de subsidios de los gobiernos, las inmigrantes, las mujeres con incapacidades físicas o mentales, las minoridades raciales y étnicas, entre otras ­ para escuchar sus puntos de vista con respecto a los impactos de la globalización y sus sugerencias para estrategias alternativas. Los pueblos y las comunidades no deberían tener que pagar el costo de la injusticia económica que tiene sus raíces en las enormes ganancias de las emprezas multinacionales.

 

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